Matthew Reichbach-NM Political Report
La Secretaria de Estado de Nuevo México rechazó el intento de los republicanos de la Cámara de Representantes para anular una nueva ley que requiera la verificación de antecedentes para casi todas las compras de armas en Nuevo México.
El líder de la Cámara de Representantes dijo que está preparado para emprender acciones legales sobre la decisión.
La secretaria de Estado Maggie Toulouse Oliver anunció que la petición presentada por los republicanos no cumple con los requisitos constitucionales del estado para anular una ley. En una carta a Jim Townsend, quien presentó la petición junto con Rod Montoya, Toulouse Oliver escribió que el Proyecto de Ley 8 del Senado, que fue promulgado por la gobernadora Michelle Lujan Grisham a principios de este mes, se relaciona con la paz pública , salud y seguridad, “no es una ley sujeta a referéndum”.
Si bien la constitución del estado permite que voten las peticiones sobre la revocación de leyes aprobadas recientemente, no permite que las peticiones se centren en leyes relacionadas con la preservación de la paz, la salud o la seguridad públicas.
En su carta, Toulouse Oliver citó un comunicado de prensa de Lujan Grisham que dice que la ley “mejora la seguridad pública mediante la ampliación de la verificación de antecedentes requeridos en las compras de armas de fuego para incluir la venta privada de armas, el cierre de lagunas legales para ciertas ventas como las que se hacen en línea o en exhibiciones”.
Toulouse Oliver también describió los problemas técnicos con la petición, por no sugerir un nombre popular para la ley que desean anular y por no presentar una solicitud en la forma descrita por la ley estatal.
En una declaración, Townsend no abordó los problemas descritos por Toulouse Oliver, sino que alegó que “la política… jugó en esta decisión”.
“He escuchado a personas de todo el estado, tanto demócratas como republicanos, quienes están indignados por la aprobación y la firma del Proyecto de Ley Senatorial 8”, dijo Townsend. “Estamos totalmente preparados para tomar las medidas necesarias, incluida la acción legal, a fin de proteger los derechos constitucionales de todos los nuevos mexicanos”.
Incluso si la Secretario de Estado hubiera aprobado la petición, se habría enfrentado a una ardua batalla para alcanzar las boletas electorales en 2020. Aquellos que desearan anular la petición necesitarían recolectar las firmas de los votantes registrados igual al diez por ciento de los que votaron en las elecciones de 2019, incluido el diez por ciento de los que votaron en 2018 de al menos 25 condados.
Entonces, se habría colocado en la boleta electoral.
Toulouse Oliver dijo que consultó con el Fiscal General. Un portavoz de Balderas dijo en una declaración el jueves por la tarde: “El fiscal general Balderas apoya plenamente la autoridad de la secretaria de Estado para tomar esta importante decisión”.