Con información propia, de Source New Mexico y NM Political Report
La gobernadora Michelle Lujan Grisham promulgó la Ley de Seguridad para Inmigrantes, Proyecto de Ley 9 de la Cámara de Representantes. Esta histórica legislación, impulsada por las representantes Eleanor Chávez, Angélica Rubio, Andrea Romero, Marianna Anaya, el senador Joseph Cervantes y otros 19 patrocinadores, prohíbe a los gobiernos estatales y locales celebrar acuerdos para detener a personas por infracciones migratorias civiles, detiene el uso de terrenos públicos para la detención migratoria y prohíbe los acuerdos 287(g) que convierten a las fuerzas del orden locales en agentes de inmigración.
Los tres centros de detención de Nuevo México han documentado casos de uso excesivo de aislamiento, atención médica inadecuada, falta de agua potable y alimentos, y cinco muertes bajo custodia en los últimos años.Nuevo México se une ahora a otros ocho estados y numerosas localidades a nivel nacional que han rechazado rotundamente su participación en un sistema de deportación marcado por la violencia, el abuso y la muerte. La legislación surge en un momento en que el ICE se ha vuelto más peligroso y menos responsable que nunca: 32 personas murieron bajo custodia del ICE tan solo en 2025, el año más mortífero en más de dos décadas, y al menos ocho muertes más por interacciones con el ICE ya en 2026.
Esta ley también promueve la seguridad pública al garantizar que las fuerzas del orden locales no se involucren en las operaciones del ICE mediante acuerdos formales, lo que permite a las víctimas de delitos, sobrevivientes de violencia doméstica y a todos los miembros de la comunidad acercarse a las fuerzas del orden sin temor. Los estados que han aprobado leyes similares tienen tasas de deportación hasta cuatro veces más bajas que los estados que colaboran con el ICE.
Marcela Díaz, directora ejecutiva de Somos Un Pueblo Unido, declaró: «Esta victoria no fue casualidad. Es el resultado de años de organización, liderazgo y valentía de familias inmigrantes y aliados de todo Nuevo México que se negaron a aceptar el miedo como política. La seguridad de los inmigrantes es seguridad pública, y hoy nuestro movimiento demostró su poder».
El proyecto de ley prohíbe a los organismos públicos celebrar, renovar o extender acuerdos para detener a personas por infracciones federales de inmigración civil. Los contratos vigentes en los condados de Otero, Torrance y Cibola deben rescindirse lo antes posible. El proyecto de ley también prohíbe a los organismos públicos vender o arrendar terrenos públicos para fines de detención migratoria y pone fin a los acuerdos 287(g), que permiten a los agentes del orden locales desempeñar ciertas funciones federales de inmigración.
Funcionarios del condado de Torrance habían declarado que el centro de detención de Estancia es el mayor empleador de la zona y una fuente importante de ingresos fiscales por ingresos brutos. Por otro lado, los líderes del condado de Cibola estiman que el cierre del centro de Milán podría eliminar aproximadamente 180 empleos y generar decenas de millones de dólares en pérdidas económicas.
En el Senado, legisladores rurales buscaron añadir una compensación estatal para los condados que podrían perder ingresos fiscales o enfrentar una deuda pendiente de bonos si los centros de detención cierran, pero la propuesta fracasó en una estrecha votación de 20 a 19.