A juzgar por lo que escuché en entrevistas con presidentes y otros altos funcionarios latinoamericanos en días recientes, el grupo de siete países que han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar al dictador venezolano Nicolas Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad podría ampliarse muy pronto. Según me dijeron, varios otros países podrían unirse al grupo muy pronto y fortalecerlo.
Seis de los siete países –Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá– firmaron la petición el 26 de septiembre en las Naciones Unidas en Nueva York. Francia se unió al grupo pocos días después.
Se trató de una petición sin precedentes. Es el primer caso ante la CPI en que países –en lugar de organizaciones de derechos humanos– solicitan una investigación sobre el mandatario de un país miembro.
El presidente de Colombia, Iván Duque, me dijo en una entrevista que los países que firmaron la petición están tratando de sumar otros al grupo.
“Yo todos los días cuando tengo la posibilidad invito [a otros países] a que se unan a esa petición”, me dijo Duque. “El solo hecho de que se abra rápidamente una investigación es un mensaje muy contundente a la dictadura de Venezuela”.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, me dijo que esta iniciativa está ganando fuerza y que espera que “otros países probablemente se unirán a la petición”.
Ampuero se negó a decir cuáles son los otros países que se sumarian al grupo de los siete. Pero otras fuentes diplomáticas me dicen que Ecuador y Uruguay están entre ellos y que el presidente francés Emmanuel Macron está hablando con Alemania, España y Holanda, entre otros países europeos. “Francia puede mover el tablero”, me dijo un diplomático.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ya había abierto una investigación preliminar en febrero sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos por Maduro y sus colaboradores. La investigación preliminar se limita a los abusos del régimen de Maduro durante los disturbios antigubernamentales del año pasado, en los que murieron al menos 150 personas.
Los escépticos dicen que es improbable que la CPI haga una acusación formal contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos y que si eso ocurre podría tardar varios años. Desde su creación en el 2002, la CPI solo ha declarado culpables a cuatro personas, y solo a dos de ellas por crímenes de lesa humanidad. Actualmente tiene 20 investigaciones formales en curso, ninguna de ellas en América Latina.
Si la fiscal de la CPI decide pasar de una investigación preliminar a una formal, podría, en teoría, pedir a los jueces de la CPI que emitan una orden de arresto contra Maduro. Pero los fallos de la CPI pueden ser apelados y los procedimientos son extremadamente lentos, dicen los escépticos.
Además, el presidente Donald Trump ha socavado indirectamente el proceso al decir en su discurso del 25 de septiembre ante las Naciones Unidas en Nueva York que “Estados Unidos no brindara apoyo al reconocimiento de la CPI. En lo que respecta a Estados Unidos, la CPI no tiene jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad”.
A pesar de todos estos obstáculos, la reciente incorporación de Francia al grupo de países que solicitaron una investigación de la CPI sobre Maduro, y el posible respaldo en un futuro próximo de otros importantes países europeos, podría acelerar el proceso legal en la CPI.
Como todas las organizaciones internacionales, la CPI no es inmune a las presiones diplomáticas. Una petición sin precedentes realizada por estados –en lugar de grupos de derechos humanos– y respaldada por Canadá, Francia y otros países europeos tendría mucho más peso político que una sola firmada por algunos países de América del Sur.
Por supuesto, nada de esto ayudara de inmediato a los venezolanos que tienen que sobrevivir en medio de una tasa de inflación de un millón por ciento al año y una escasez masiva de alimentos y medicamentos. Pero podría ser un paso muy significativo en los esfuerzos para aislar al régimen de Maduro, producir grietas dentro de su dictadura y ayudar a restaurar la democracia en Venezuela.
