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La gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó legislación que requiere la verificación de antecedentes para prácticamente todas las ventas de armas de fuego en Nuevo México.

El proyecto de ley ha sido una prioridad para los defensores del control de armas, quienes argumentan que la medida simplemente cierra una brecha en la ley estatal y ayudará a mantener las armas fuera del alcance de las personas a las que se les prohíbe poseer armas de fuego.

Los grupos de derechos de armas de fuego han argumentado que la ley hará poco para prevenir el crimen. En cambio, los críticos sostienen que infringe los derechos de la Segunda Enmienda. Los republicanos han anunciado que circularán peticiones para presentar una propuesta de derogación de la ley a nivel estatal. Lujan Grisham, demócrata, rechazó las críticas el viernes.

En cuanto a que el proyecto de ley limita los derechos constitucionales, la gobernadora respondió: “Todos tenemos el derecho constitucional de estar seguros en nuestros hogares y nuestras comunidades”.

Mientras que aquellos que poseen licencias federales de armas de fuego, incluidas las personas que poseen tiendas de armas, por ley deben realizar verificaciones de antecedentes cada vez que venden una pistola, actualmente no existen tales requisitos para las ventas entre particulares.

El Proyecto de Ley del Senado 8, que entrará en vigencia en julio hace que sea un delito menor venderle un arma a casi cualquier persona sin una verificación de antecedentes.

No se requeriría una verificación de antecedentes para las ventas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o miembros de la familia inmediatos, como por ejemplo de un tío a una sobrina o entre primos hermanos.

Y la ley no se aplicaría a armas de fuego antiguas ni a dispositivos como bengalas de emergencia y herramientas de construcción.

Veinte estados y el Distrito de Columbia han extendido el requisito de verificación de antecedentes más allá de la ley federal para cubrir al menos algunas ventas privadas, según el Centro de Leyes para Prevenir la Violencia con Armas de Giffords, que respalda dicha legislación.

La investigación sobre la efectividad de tales leyes ha producido resultados variados.

Un análisis realizado hace una década por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos sugirió que las leyes de verificación de antecedentes pueden ayudar a frenar el tráfico de armas. Una revisión de la investigación realizada en 2017 dijo que las leyes de verificación de antecedentes parecían disminuir las tasas de homicidio con armas de fuego.

Mientras tanto, funcionarios en 25 de los 33 condados de Nuevo México han adoptado declaraciones de “Santuario de la Segunda Enmienda” hasta el miércoles, negándose efectivamente a hacer cumplir la nueva ley.

“Claramente, Santa Fe está fuera de contacto”, dijo el jueves el representante Rod Montoya, republicano por Farmington. Los republicanos de la Cámara de Representantes están lanzando un esfuerzo por incluir el tema en una boleta electoral estatal y dar a los votantes la opción de revocarlo. La idea se basa en una disposición de la Constitución del estado. Incluso si es posible, los críticos del proyecto de ley necesitarían decenas de miles de firmas para hacerlo realidad.

Varios otros proyectos de ley de control de armas están pasando a través de la Legislatura, como la SB 328 que tomaría armas de los abusadores y acosadores domésticos.

Para el alcalde de Taos, Dan Barrone, normas como estas son personales. “Tengo tres hijos y casi crecieron sin una madre debido a la violencia con armas”, dijo después de que el gobernador firmó el SB 8, describiendo un tiroteo en el trabajo que podría haber matado a su esposa.

Fuentes: NM Political Report/Santa Fe New Mexican

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