Sunland Park: Odisea con Muro, permisos y amenazas

El fin de semana del Memorial Day estuvo lleno de sorpresas para la comunidad de Sunland Park. Al parecer pues la investigación continua, unos días antes se presentó gente que pedía permisos para construir lo que al final resultó ser un muro de algo más de media milla en el área conocida como “ladrillera”, frente al cruce de los límites de Nuevo México y Texas por un lado y Chihuahua, México por el otro.

La petición del permiso correspondiente fue aprobada en forma “expess” por la encargada administrativa de la ciudad a diferencia de los días, semanas o hasta meses que tomaría revisar y dar el visto bueno para alguna pequeña obra en alguna casa en esa comunidad. 

De inmediato se vieron llegar contingentes del grupo We build the Wall, en su mayoría llegados de otros estados, donde se destacó el ex secretario de Estado de Kansas y partidarios del presidente Donald Trump que comenzaron la obra aceleradamente. 

Ante la sorpresa de los residentes de Sunland Park, el muro se construyó en unos pocos días, lo cual fue recibido con visible molestia y rechazo. El dueño del lugar ha mantenido cordiales relaciones con el gobierno y los habitantes por años por lo cual Isabel Santos, ex alcaldesa pro-term manifestó extrañeza cuando este declaró que en su propiedad podía hacer lo que quiera y que había sufrido molestias y hasta robos debido al paso irregular de inmigrantes allí.

“¿Se instaló en un lugar pegado a la frontera, sin más que un monumento donde años atrás se juntaban familias de ambos lados a refrescarse en el rio y ahora descubre esas cosas?”, dijo en una reunión comunitaria Josefina Ramírez.

Dado el desarrollo de los eventos el alcalde Javier Perea emitió una orden para detener la obra. En conferencia de prensa el día siguiente declaró frente a las cámaras que el permiso fue otorgado “prematuramente” y que su otorgamiento estaba siendo investigado. Anunció la posibilidad de aplicar multas en caso de encontrar irregularidades. También dijo que desde que emitió la orden ha recibido amenazas a él y su familia por mensajes y correos electrónicos.

Estos hechos están siendo investigados por la policía local, aunque al parecer los datos de remitentes y sus números de identificación IP de los correos son falsos.

Perea estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el director de obras públicas y el jefe de policía, siendo notable la ausencia de la encargada de emitir esos permisos o su superior y responsable de la administración, Julia Brown.

Días más tarde se organizó una reunión de vecinos con la presencia del Senador Cervantes, Comisionado González, Representante Lara, la representante Olga Núñez y Mary Carter del Centro Intercultural de Anthony. Todos expresaron que esta situación no es representativa de la comunidad de Sunland Park, que es un lugar pacífico y que no aprecia la presencia de grupos armados o ser el centro de atención de activismo anti-inmigrante. 

El tema volvió con intensidad en la siguiente reunión del cabildo, cuando gran cantidad de residentes se presentaron para cuestionar el manejo de la situación. El reclamo fue fuerte y sostenido. La regidora Olga Núñez cuestionó repetidamente la aparente falta de respuestas por parte de Brown y Carolina Rentería remarcó que la población debía ver que los pedidos de información del cabildo se repetían sin atenderse por parte de la administración. Daisy Lira agradeció junto a las dos regidoras la presencia de los residentes y expresó su sorpresa…“corrí para este puesto pensando en cambiar las cosas… es llamativo que aquí siempre se reporta que todo está bien y no parece que así sea”.

Los medios no quitan el dedo del renglón y en forma parcial se ha ido descubriendo que el grupo inició tiempo atrás la recolección de fondos para un presupuesto original de mil millones de dólares de los que consiguió sólo 22. Los fundadores dijeron que sólo después de obtener los 22 millones se enteraron que las donaciones al gobierno federal se integran al presupuesto general y no a proyectos específicos, por lo que decidieron hacer la obra ellos mismos. Según ellos, le están demostrando al gobierno que pueden hacerla más rápido y barato. Por lo pronto, ya se utilizaron 8 millones en su propia construcción de menos de una milla. “Estamos viendo en que otro lugar podemos tener impacto”, dijeron a una televisora local.

Además del tema de los permisos de Sunland Park, los activistas declararon que recibieron permisos de la IWBC (Comisión de Fronteras y Aguas Fronterizas), del gobierno Federal. La misma declaró al canal 7 de El Paso no haber otorgado permiso alguno. 

Camino Real intentó visitar el lugar desde el comienzo de la obra, pero no se le permitió el paso, mientras que si pudo pasar el representante de un canal de habla inglesa.