Ya es un hecho que tres leyes de Texas causarán un fuerte impacto en la comunidad inmigrante de Estados Unidos. De hecho, una está destinada a aportar más de 1,5 billones de dólares para reforzar la implementación de sistemas de alambres, boyas y otros medios en la frontera. Otras dos leyes adicionales también están generando muchísima controversia, porque darán poder a los oficiales de policía para ejecutar directamente la remoción o deportación de una persona que cruce de forma ilegal. Es decir, si usted cruza y es detenido por un policía del Estado, no de migración, sino del estado de Texas, directamente lo pueden llevar a un puerto de entrada y ejecutar la deportación.
Aunque es una ley impugnable, porque este tipo de actividad es prerrogativa de las autoridades federales, no podemos perder de vista el caso de Florida, que también está siendo objeto de impugnación. La ley se aprobó en julio, estamos en marzo y todavía no se ha logrado la anulación. Entretanto, sigue aplicándose. Entonces, esto genera una situación de riesgo. A diferencia de la ley de Florida, que persigue nada más a las personas que generen el cruce fronterizo entre Estados, pero no a las que ya están aquí o tengan algo de documentación, la disposición de Texas es tan vaga que perfectamente podrá penalizar a cualquiera con hasta diez años de prisión por albergar en su hogar a su padre, su madre, un hijo o a un hermano.
No se sabe si llevar a alguien al médico en Uber o Lyft podrá acarrear algún tipo de sanción. El problema es la forma excesivamente vaga en que está redactada la propuesta, y eso genera un ámbito de aplicación a discreción del oficial. En el caso de las leyes de Texas, la aplicación está en manos del sistema judicial y las apelaciones que se presentan para que entren en vigor.