Por Andres Oppenheimer
Publicado en octubre de 2020
No derramen lagrimas por los recientes fallos judiciales contra los ex presidentes populistas Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador, a quienes se les ha prohibido participar en las próximas elecciones de sus países: ambos están probando su propia medicina.
Durante sus mandatos, los dos ex presidentes persiguieron a opositores políticos, silenciaron a los medios independientes y trataron ilegalmente de extender sus mandatos mucho mas allá de lo permitido por las constituciones de sus respectivos países.
Ahora, dicen de ser víctimas de la persecución política. Pero lo curioso es que están siendo víctimas de las mismas leyes que ellos crearon para prohibir que sus enemigos políticos puedan participar en elecciones.
Y, sin embargo, están obteniendo apoyo político no solo de Venezuela y Cuba, sino también de funcionarios de los partidos populistas gobernantes en Argentina y México.
“Ayer fue un día oscuro para la democracia en América Latina”, dijo el senador del partido gobernante y ex canciller de Argentina, Jorge Taiana, en una entrevista con CNN en Español el 8 de septiembre.
Taiana se refería a los fallos judiciales del 7 de septiembre que prohibieron a Morales postularse para un escaño en el Senado en Bolivia, y a la prohibición de la justicia de Ecuador a que Correa se postule para vicepresidente en las próximas elecciones.
Un tribunal boliviano dictaminó el 7 de septiembre que Morales no puede postularse para un escaño en el Senado por la provincia de Cochabamba en las elecciones del 18 de octubre porque no ha vivido en Bolivia en los últimos dos años. Morales está exiliado en Argentina.
Al mismo tiempo, el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, acusó a Morales de “terrorismo y genocidio” por supuestamente pedir a sus seguidores que bloqueen las carreteras por donde los camiones abastecían a hospitales durante la pandemia de COVID-19.
Además, el gobierno boliviano ha acusado a Morales de abusar de niñas menores de edad. Morales dice que esos cargos son parte de una “guerra sucia” en su contra.
El argumento de Bolivia de que Morales no puede postularse porque no ha estado viviendo en Bolivia puede ser un tecnicismo, pero está basado en el Artículo 149 de la propia reforma constitucional de 2009 de Morales, que él mismo aprobó para evitar que uno de sus principales rivales políticos pueda ser candidato.
Un nuevo informe de un grupo de defensa de Human Rights Watch dice que los cargos de terrorismo contra Morales son “desproporcionados”, pero el mismo informe reconoció que Morales “repetidamente” utilizo a jueces amigos para presentar cargos contra sus rivales políticos durante sus casi 14 años en el poder.
Siguiendo los pasos de la dictadura de Venezuela, Morales cambio la Constitución varias veces para eliminar la prohibición de más de dos mandatos presidenciales consecutivos.
Lo que es más, durante su candidatura inconstitucional para un cuarto mandato, Morales convocó un referéndum nacional para respaldar su pedido de cambios en la constitución. Morales perdió el referéndum, pero se postuló para un cuarto mandato de todas maneras.
En las elecciones ilegales de octubre de 2019, Morales se proclamó ganador después de que el recuento de votos se detuviera inexplicablemente durante casi 24 horas.
La elección resultó ser una farsa, como concluyeron dos reportes separados de la Organización de Estados Americanos (OEA) que representa a 34 países. Algunos estudios académicos luego criticaron el informe de la OEA, pero abordaron solo una pequeña parte de las conclusiones de la misión de observación de la OEA.
El caso de Correa en Ecuador es similar. Correa, que vive en Bélgica, ha sido condenado en Ecuador a ocho años de prisión por corrupción masiva durante sus diez años en el poder. Es otro populista que cambio la Constitución para intentar mantenerse en el poder por tiempo indefinido.
Grupos de derechos humanos han señalado a Correa como uno de los peores represores de la libertad de prensa en América Latina. Como Morales, Correa creó las reglas electorales que ahora están siendo usadas en su contra.
Entonces, aunque las acciones anticonstitucionales de Morales y Correa no deberían justificar acciones ilegales de sus sucesores, ambos ex presidentes deberían rendir cuentas por sus abusos de poder. No lloren por ellos. Nadie debería sentir pena por estos aspirantes a presidentes vitalicios.
