La estrategia legal de Trump se ha reducido a esto: incluso cuando los jueces desestiman sus demandas por infundadas, presenta otras casi idénticas en nuevos tribunales, con la esperanza de encontrar jueces más favorables. El fracaso no lo ha frenado.
Por Ian MacDougall
Nov. 13, 2020
Al no haber logrado persuadir a la mayoría de los electores estadounidenses, la campaña de reelección del presidente Donald Trump está ahora llevando su caso ante los tribunales del país. Pero la campaña y sus aliados no han avanzado en este intento mucho más que en el primero. Cerca de la mitad de los cerca de dos docenas de casos presentados en los principales estados decisivos desde el día de las elecciones ya han sido retirados o desestimados por los jueces y los demás parecen destinados a una suerte similar. La política estadounidense puede estar muy polarizada, pero en las salas de justicia parece prevalecer un ejemplo de unanimidad: independientemente de que los jueces sean liberales o conservadores, que presidan en los tribunales estatales o federales, han exigido mayoritariamente que Trump y los demandantes republicanos presenten pruebas que respalden sus reclamaciones y han rechazado con prontitud lo que consideran demandas infundadas.
Ha emergido un patrón en medio del aluvión de demandas: la búsqueda frenética de un juez simpatizante. En cada uno de los cuatro estados -Pennsylvania, Michigan, Nevada y Arizona-, la campaña de Trump y sus aliados han presentado una serie de peticiones legales que formulan esencialmente las mismas reclamaciones ante diferentes jueces estatales y federales.
En poco más de una semana de ola de litigios postelectorales, las demandas de la campaña de Trump han generado mucho ruido y pocas nueces. En general las cosas no están marchando de acuerdo con el plan de la campaña de Trump, en la medida en que se pueda discernir algún plan legal coherente a partir del patrón de las demandas. En Michigan, por ejemplo, donde el margen actual de 148,000 votos a favor de Biden hace que las probabilidades de una revocación sean particularmente escasas, la campaña de Trump y otras entidades republicanas han presentado un total de cinco demandas. En cambio, en Wisconsin, donde el margen de 20,500 votos es mucho menor, solo se ha presentado una, el jueves, por un grupo externo pro-Trump.
Una nueva demanda en la corte federal de Michigan ha llegado hasta el punto de adjuntar otra demanda completa -un documento de 77 páginas-, presentada por un par de observadores electorales republicanos dos días antes en la corte estatal de Detroit. Ambas demandas piden a los tribunales que bloqueen la certificación de la elección presidencial de ese estado. Alegan irregularidades y fraudes generalizados por parte de los funcionarios electorales que presuntamente impidieron a los observadores republicanos llevar a cabo la supervisión de la votación. Las demandas están respaldadas por docenas de declaraciones juradas que contienen mucha retórica, pero poco fundamento factual.
“En mi opinión, este es realmente un caso desvergonzado de búsqueda de un foro”, afirmó la procuradora general Dana Nessel, quien es demócrata, refiriéndose a la práctica legal de escoger el tribunal o jurisdicción que tiene las reglas o leyes más favorables a la posición del litigante. Aunque la nueva demanda federal de la campaña de Trump se centra en Detroit, Nessel observó que no se presentó en el distrito este de Michigan -el tribunal federal cuya jurisdicción abarca Detroit- sino en el distrito oeste, donde sus cinco jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.
Una maniobra similar se ha producido en Arizona, donde dos casos casi idénticos centrados en el presunto trato injusto hacia los rotuladores Sharpie usados por los votantes de Trump en los distritos electorales de la zona de Phoenix estuvieron trabados varios días en procedimientos judiciales fallidos hasta que los abogados republicanos parecieron conseguir por fin que ambos casos se consolidaran bajo el juez que ellos preferían.
En una vista de urgencia en Filadelfia solicitada por la campaña de Trump, un juez federal se exasperó con un abogado de la campaña local, Jerome Marcus, quien no le daba una respuesta directa sobre la presencia de observadores republicanos en el centro de escrutinio electoral de la ciudad. (Los documentos legales presentados por Marcus afirmaban que se les prohibía observar el proceso.) Marcus admitió que un “número no cero de personas” estaban allí en representación de los republicanos. “Le pregunto, como miembro del colegio de abogados de este tribunal, ¿hay gente representando a Donald J. Trump para presidente, que representan al demandante, en la sala de ese centro?” dijo el juez, Paul Diamond. Marcus respondió: “Sí”. A lo que Diamond replicó como un latigazo: “Lo siento, ¿entonces cuál es su problema?”.
En un suburbio cercano a principios de esta semana, otro juez que interrogaba a Jonathan Goldstein, un abogado que representa a la campaña de Trump, le obligó a admitir que las 592 boletas que impugnaba no estaban contaminadas por fraude ni influencia inapropiada.
El jueves, en una vista del caso de Arizona sobre los rotuladores Sharpie, también fue difícil identificar exactamente qué irregularidades habían ocurrido. “Esto no es sobre fraude”, le dijo a un juez Kory Langhofer, un abogado local de la campaña de Trump. La demanda se basaba, en parte, en la idea de que los Sharpie y el error de los trabajadores electorales le habían costado el voto a un montón de partidarios de Trump. Las declaraciones juradas de los testigos incluían la frase: “Creo que mi voto por Donald J. Trump y Michael Pence no fue contado”. Sin embargo, en el interrogatorio judicial, los testigos contaron una historia distinta. Pregunta de un abogado del Partido Demócrata de Arizona: “¿Tiene alguna razón para creer que su voto no fue contado?”. Respuesta de un testigo: “No”. El margen de victoria de Biden excedió ampliamente las 191 boletas cuestionadas en ese caso.
Un abogado de dos observadores electorales republicanos en la vista del miércoles en Detroit presentó las declaraciones juradas de varios testigos sobre lo que consideraban un fraude en el principal centro de escrutinio electoral de Detroit. Otros vieron a los trabajadores electorales introducir el 1 de enero de 1900 como la fecha de nacimiento de algunos votantes. Los muertos, concluyeron, estaban votando en Detroit.
La ciudad rebatió esa acusación. Las firmas de las boletas de votación por correo fueron revisadas en un lugar distinto, antes de llegar al centro de convenciones. Y la fecha de 1900 era un texto de relleno sin valor. Los trabajadores electorales que contaban las boletas de votación por correo no tenían acceso a las fechas de nacimiento de los electores, algo que el sistema de tabulación computarizada les exigía ingresar, por lo que colocaron la fecha del 1 de enero de 1900.
Sólo dos días después de la audiencia, el juez dictó un fallo demoledor en contra de los partidarios de Trump. Kenny se negó a impedir que el estado certificara los resultados de las elecciones y a ordenar una auditoría. Las declaraciones juradas de los observadores republicanos y otros testigos estaban, según describió en su propia declaración jurada, “plagadas de especulaciones y conjeturas sobre motivos siniestros” de los trabajadores electorales, afirmaciones que los observadores plantearon sólo después de que quedó claro que su candidato preferido, Trump, no ganaría en Michigan. Los observadores republicanos no asistieron a una sesión de capacitación previa a la elección y malinterpretaron lo que vieron porque “conocían poco sobre el proceso”.
Hay pocos indicios de que el más reciente pleito en pro de Trump (hasta el momento de publicación de este artículo) tenga mejores perspectivas.
La campaña no ha encontrado pruebas del tipo de irregularidades generalizadas que necesitaría que aparecieran en al menos tres estados para tener la oportunidad de reducir los presuntos 306 votos electorales de Biden por debajo del umbral de 270 y cambiar la elección a favor de Trump. Los márgenes de Biden en los estados clave para su victoria oscilan entre los casi 148,000 votos de Michigan, los 59,000 (y más) de Pennsylvania y los 35,000 de Nevada, hasta los 11,000 de Arizona, cifra que podría reducirse, pero que se prevé que permitirá a Biden anotarse el estado.
Este es un resumen del artículo publicado por ProPublica, una organización periodística sin fin de lucro y apartidista.
El texto completo puede encontrarse en caminorealmedia.com o propublica.org
