A pesar de los temores
de muchos de que Chile dejara de ser un modelo económico para América Latina
tras las violentas protestas que dejaron al menos 24 muertos y terminaron con
un acuerdo político para redactar una nueva Constitución, existen razones para
ser cautelosamente optimistas sobre el futuro del país.
Es cierto que habrá
correcciones importantes, y muy necesarias, a la economía de libre mercado del
país. Según el nuevo acuerdo político, habrá un referéndum en abril de 2020
sobre si cambiar la Constitución, que probablemente resultara en reformas
sociales que la comunidad empresarial chilena ha resistido durante mucho
tiempo.
Hasta ahora, muchos
líderes empresariales se habían opuesto a mayores subsidios gubernamentales
para la salud, la educación y las jubilaciones. Argumentaban que el sistema
chileno era, con mucho, el más exitoso en América Latina, y que cambiarlo sería
peligroso.
Y, en términos
macroeconómicos, tenían razón. Chile ha reducido la pobreza del 40 por ciento
de la población hace 30 años al 8.6 por ciento hoy, según cifras oficiales.
Chile también ocupa el
primer lugar en América Latina, y el número 44 entre 189 países, en el Índice
de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El ranking de la ONU cuenta no
solo el crecimiento económico, sino también con los estándares de salud y
educación.
Y, contrario a lo que
dicen muchos críticos, Chile tiene niveles de desigualdad más bajos que varios
otros países latinoamericanos. Según el Índice de Gini, que mide la brecha
entre ricos y pobres, la desigualdad en Chile cayo de 0.57 a 0.46 entre 1990 y
2015.
Sin embargo, muchos
chilenos están descontentos. Han escuchado a varios de sus presidentes citar
cifras macroeconómicas que muestran que Chile está a punto de entrar en el
primer mundo, y no ven eso reflejado en sus vidas. A muchos chilenos no les ha
ido tan bien como a Chile.
El 15 de noviembre, tras
varias semanas de disturbios violentos provocados un alza en las tarifas del
transporte, los principales partidos políticos del país acordaron realizar el
referéndum constitucional de abril de 2020.
El plebiscito preguntara
si la gente quiere una nueva Constitución, y si debe ser redactada por
ciudadanos comunes o por una combinación de ciudadanos y legisladores. Los
redactores de la nueva Constitución serian elegidos en octubre de 2020.
En una entrevista esta
semana, le pregunte al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro
Ribera, sobre las preocupaciones de algunos economistas de que la nueva
Constitución ahuyente a los inversionistas, y tal vez incluso convierta al país
en una nueva Venezuela.
“Yo no conozco a
nadie de la gente que haya salido a decir por la calle que quiere volver a un
sistema socialista, estatista, o un sistema como el que impera en
Venezuela”, me dijo Ribera.
Agrego que “lo que
las personas quieren es seguir creciendo económicamente, pero tener seguridades
en caso de enfermedad, seguridades para la vejez, seguridades en caso de
paro”. Son cosas que se pueden lograr, porque Chile tiene una economía que
crece, dijo.
Los pesimistas
argumentan que no será fácil, porque la economía se desacelerará. Las empresas
serán reacias a invertir en el país hasta que quede claro que dirá la probable
nueva Constitución. E incluso después, las empresas podrían no querer invertir
en un país que probablemente aumentara los impuestos corporativos y otorgara
más poder a los sindicatos, argumentan los escépticos.
Tal vez soy demasiado
optimista sobre Chile, pero creo que el país puede restaurar la confianza de
los inversionistas por default, o sea por descarte de otras opciones.
Considerando que el
próximo gobierno populista de Argentina probablemente empeorara el crecimiento
a largo plazo de Argentina, Bolivia está en crisis, Perú está en un punto
muerto político y la economía de México sigue cayendo, ¿a qué otro país irían
las compañías multinacionales chilenas?
Si la probable nueva
Constitución de Chile garantiza libertades económicas básicas, muchos
inversionistas podrían seguir considerando a Chile como un oasis de
estabilidad. No sé si lo lograra, pero Chile tiene la oportunidad de
convertirse en un modelo económico aún mejor, y más justo, de lo que ha sido en
los últimos 30 años.