Susan K. Harris, 74, y William S. Harris, 60, ambos de Albuquerque, fueron sentenciados por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y delitos cometidos en la operación de Ayudando Guardians, Inc., que brindaba tutela y administración financiera a cientos de personas con necesidades especiales.
Susan Harris fue sentenciada a 47 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. William Harris fue sentenciado a 15 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Ambos deberán pagar el total de fondos robados como restitución a las víctimas.
Susan Harris actuó como presidenta y era la propietaria del 95 por ciento de Ayudando, mientras que Moore actuó como directora financiera y fue propietaria del cinco por ciento. Los crímenes ocurrieron entre el 2006 y el 2017 e incluyeron la transferencia de dinero de las cuentas de los clientes a una cuenta combinada sin justificación. Escribieron cheques, a menudo de más de $ 10,000, de estas cuentas para ellos mismos, miembros de su familia, efectivo y otras partes donde el pago beneficiaría a sus familias.
Susan Harris tomó medidas para mantener la apariencia de legitimidad de Ayudando, como una propuesta a la Oficina de Tutela de Nuevo México con declaraciones falsas, incluida una afirmación falsa de que Young era un tutor certificado nacional en el momento de la presentación.
William Harris admitió que sabía que Moore estaba desviando pagos a clientes del Departamento de Asuntos de Veteranos y Administración del Seguro Social y usando el dinero en su beneficio de ella. Harris admitió su participación en lavado de dinero, utilizando una tarjeta de crédito corporativa de Ayudando para gastos personales que se pagaría con dinero del cliente. También admitió su papel en una solicitud de préstamo con el propósito de expandir el negocio de Ayudando con la intención real de usar el dinero para “pagar” a los clientes cuyo dinero se había tomado sin autorización.
Los fondos robados se utilizaron para financiar un estilo de vida extravagante, que incluía la compra de casas, vehículos, vehículos recreativos de lujo y cruceros, así como un palco privado en “The Pit” en la Universidad de Nuevo México. Los fondos robados también se utilizaron para pagar más de $ 4.4 millones en cargos de American Express incurridos por los acusados y sus familias.
